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    Se muestran inconformes maestros de Yucatán por falta de pago

    Maestros con contrato de nivel de primaria, secundaria y preparatoria, acudieron a protestar frente al Palacio de Gobierno de Yucatán, pidiendo la intervención de la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, para que se realice el pago del receso escolar, mismo que no ha sido cubierto por la Secretaría de Educación del Estado.

    Son alrededor de dos mil educadores los que se han quedado sin el pago de por lo menos tres quincenas de su contrato anual y aseguran no entender cómo es que el Gobierno del Estado cuenta con recursos para llevar a cabo eventos de gran magnitud, olvidándose de las obligaciones que tiene con los profesores.

    Los manifestantes, quienes prefirieron no revelar sus nombres por temor a represalias, también pidieron que se les deje de engañar, pues ya se han entrevistado con autoridades de la Secretaría de Educación Estatal y éstas sólo se han tratado de lavar las manos.

    Finalmente, advirtieron que, de no cumplirse sus demandas, llevarán a cabo movilizaciones o incluso un paro laboral cuando el próximo ciclo escolar dé inicio.







    El conflicto del 4 de julio no fue promovido por partidos políticos: Renán Barrera

    El Diputado Local por el IV Distrito del Partido de Acción Nacional (PAN), Renán Barrera Concha, comentó que el conflicto que se suscitó el pasado 4 de julio en la ciudad de Mérida durante la manifestación que realizaban algunas personas que se oponen a la construcción de un paso deprimido en la Prolongación Montejo, es un movimiento donde los partidos políticos no tienen que ver, “en el sentido de que no es promovido por ningún partido y mucho menos es responsabilidad de Acción Nacional”.

    Dijo que éste es un tema en el cual ciudadanos sin ninguna afiliación partidista manifestaron sus ideas, mientras que sujetos perfectamente identificados agredieron físicamente a los ciudadanos que estuvieron allí. La consecuencia de eso fue la intervención de más gente, entre ellos el propio diputado Renán, quien asegura que acudió al llamado de ciudadanos que le solicitaban ayuda pues ésa es una zona en donde converge su distrito.


    “Ha pasado desde ese entonces que ciudadanos han presentado sus denuncias, se han identificado a los agresores, se sabe que trabajan en el ayuntamiento de Mérida varios de ellos, se logró probar que existe una relación entre los directos del ayuntamiento con los agresores en donde se estaban intercambiando puntos de vista durante el tiempo de la agresión”.

    “Se sabe perfectamente que hay una campaña de desprestigio promovida por el propio ayuntamiento de Mérida contra el PAN, fijando la percepción de que este es un asunto promovido por el PAN, y me parece que esto esta rebasado porque ya hay demasiadas pruebas y demasiados ciudadanos que exigen una respuesta por parte de la alcaldesa Angélica Araujo. Yo solicité en días pasados en mi calidad de diputado, no solamente que se respete el fuero constitucional que fue violado y que es obligación del Congreso cuidar, sino que se respeten los derechos de los ciudadanos que fueron agredidos; que se hagan investigaciones apegadas a la ley. Solicitamos la intervención de la SEGOB también, fuimos a los Pinos con el Presidente de la República y el propio Secretario Blake Mora, quienes están totalmente conscientes de la situación que se dio y están dando un puntual seguimiento a que las investigaciones que realiza la fiscalía culminen con un buen resultado”.

    Señaló que después de las agresiones sufridas, le practicaron una valoración médica en la Fiscalía, “una valoración médica muy distinta a una valoración privada que me hicieron en un hospital donde las lesiones son grabes, pues fueron hechas con tubos en la espalda, golpes en la cara o en el estómago y básicamente en la espalda baja”, dijo.

    Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué hacía Renán Barrera allí? El diputado respondió a esa pregunta, señalando que “la manifestación empezó 3 días antes de la agresión. Esa manifestación fue hecha por un grupo de ciudadanos que estaban en el ejercicio de su derecho, de manera pacífica, señoras y vecinos de la zona, el problema viene cuando la autoridad municipal agrede a estas personas y estas personas no tenían a ni una sola autoridad para pedir que hubiera orden en la zona. Los vecinos son gente que converge en mi distrito, por el cual fui electo, y los diputados somos los representantes populares de los ciudadanos. Yo recibí llamadas insistentes en la madrugada del lunes para pedir mi intervención, para que existiera un orden y una autoridad que pudiera poner fin a esas agresiones que se estaban dando. Intenté comunicarme con los propios directores del Ayuntamiento que estaban allí, para evitar que la trifulca llegara a los grados que finalmente llegó y sencillamente se fueron y es cuando recibí la primera agresión por parte de los porros. Está perfectamente claro, documentado y expuesto que son personas enviadas por el gobierno estatal y municipal para agredir y amedrentar”.

    “Carlos Herrera Chaleco fue uno de los que me agredió, y lo despidieron porque era evidente que su participación fue clara; él fue uno de los que llevó a las personas, a los porros, es quien tenía la comunicación con los directores del Ayuntamiento. Bajo las órdenes de los directores es que él iba con los agresores y les daba las instrucciones para golpear a la gente. Lo grabe del asunto es que ya se fue de la ciudad y que sin ninguna autoridad, sabiendo que pasó de testigo a calidad de indiciado, haya hecho algo por retenerlo”.
    Manifestó que espera que se resuelva con justicia este caso y que se asuma la responsabilidad de quienes ocasionaron este problema, señalando directamente a la alcaldesa de Mérida para que reconozca que hubo un error y que se subsane a las personas y se pida una disculpa pública a la ciudad de Mérida.

    “La verdad es que la única forma en la que podemos confiar que la autoridad está haciendo bien su trabajo es con hechos. Cuando veamos que haya cuentas claras, cuando veamos que presenta la información que se le pide, cuando veamos que pueda hacer público el contrato de la persona que firmó el paso deprimido, cuando veamos que sea público los patrocinadores y los montos de las personas que hicieron el concierto de Shakira y cuando podamos entender y demostrar que no hubo desvío de recursos, como ya lo hemos denunciado, agarrando dinero del Ramo 33, que es para infraestructura municipal, cuando veamos que esas cosas se están dando entonces empezaremos a confiar en ella. Cualquier abuso de autoridad debe ser sancionado sea de la autoridad que sea de quien venga”, concluyó.