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    Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos de Hidrocarburos

    La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 336 votos en favor y 114 en contra el decreto por el que se expiden las leyes de Ingresos de Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo MÉXICO, D.F.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 336 votos en favor y 114 en contra el decreto por el que se expiden las leyes de Ingresos de Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

    El pleno también avaló reformas, adiciones y la derogación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.

    La discusión inició a las 10:30 horas con la presentación de ocho mociones suspensivas, presentadas por las fracciones del PRD, Movimiento Ciudadano y PT que fueron rechazadas por el pleno.

    Al presentar la primera moción suspensiva, la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, opinó que la participación del capital privado en las cadenas de producción de hidrocarburos en el país no es viable.

    Según ella, se planteará un escenario de desventajas para Petróleos Mexicanos (Pemex) al mantener el mismo esquema fiscal para el sector público y privado.

    Los perredistas Teresa Mojica Morga, Silvano Blanco Deaquino y Uriel Flores Aguayo pidieron la suspensión de la discusión por considerar que el texto contenía imperfecciones.

    Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), externó que el dictamen debía ser devuelto a comisiones, ya que no es suficiente establecer un nuevo régimen fiscal para Pemex como CFE, pues “no se trata de dejar en borrón y cuenta nueva”.

    También subieron a tribuna Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Magdalena Núñez Monreal, del PT; y Martha Lucía Micher Camarena, del PRD, quienes coincidieron en su rechazo al dictamen.

    Mícher Camarena destacó la importancia de que exista absoluta vigilancia por parte del Estado en los contratos que se lleven a cabo, ya que por medio de ellos se estipularán las ganancias o pérdidas.

    Todas las mociones suspensivas fueron rechazadas en votación económica, salvo la que hizo Mícher que en votación nominal obtuvo 256 votos en contra y 96 en favor.

    Al presentar la fundamentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado José Isabel Trejo Reyes afirmó que el texto que expide las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo impulsa el uso eficiente y racional de los recursos.

    El documento, que también reforma las leyes de Derechos y de Coordinación Fiscal, surge de dos de las iniciativas que el Ejecutivo federal turnó al Palacio Legislativo de San Lázaro, como cámara de origen; se hicieron 77 modificaciones durante su análisis en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

    “Ambas iniciativas tienen como objetivo el de hacer el uso eficiente y racional de los recursos provenientes del mejor aprovechamiento en la riqueza petrolera propiedad de la nación”, indicó.

    El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) hizo un recuento de los principales cambios que realizaron las comisiones unidas a los documentos del Ejecutivo.

    Con respecto a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se planea un nuevo régimen fiscal para Pemex, el cual reduce de manera significativa su carga fiscal.

    Dijo que éste es uno de los elementos claves para que la empresa pública mexicana pueda competir con un nuevo marco legal.

    Mencionó que se eliminan tres de los seis derechos aplicables actualmente a Pemex y ahora sólo hará los siguientes pagos: el derecho de utilidad compartida, con una tasa aplicable de 68 por ciento; y el derecho de extracción del petróleo, aplicando una tasa que será determinada por el precio de hidrocarburos en dólares.

    Además el derecho de exploración de hidrocarburos, que consiste en un pago fijo que se impondrá respecto a las áreas a explorar.

    Precisó que esos derechos son equivalentes al pago de una cuota para la fase exploratoria, una regalía y una contraprestación en favor del Estado.

    También, dijo, se establece un límite máximo a las deducciones y se permite a los asignatarios acarrear costos que sobrepasen el límite establecido en cada periodo para tener deducciones en ejercicios posteriores.

    En congruencia con los nuevos derechos establecidos, se incorporaron modificaciones para simplificar la estructura fiscal de los contratos de licencia para que la contraprestación sea determinada mediante la aplicación de una tasa de valor contractual de los hidrocarburos, apegándose esta propuesta a la práctica internacional.

    En el caso de los contratos de producción compartida, subrayó, se incorporó la posibilidad de que en estos convenios se incluya la recuperación de costos, como una contraprestación en favor del contratista.

    También, precisó, se amplían los conceptos no deducibles para los gastos, pagos de contraprestaciones, costos e inversiones que corresponden a estos contratos y que puedan duplicarse o aquéllos que estén por encima del precio de referencia en mercados.

    Para garantizar un mayor flujo de recursos del Estado cuando se inicie la producción de hidrocarburos, agregó, se propuso ajustar el mecanismo que determine las regalías y permitir un aumento en el monto de regalías de 10 a 14 dólares.

    Esta cifra, precisó, se podrá disminuir al precio de 60 dólares propuestos por el Ejecutivo a 48 dólares y aumentando la tasa de cinco a 7.5 en la determinación del valor contractual del petróleo.

    En cuanto a la instrumentación de los contratos se precisa que deberán prever las condiciones bajo las cuales los contratistas podrán aprovechar productos y sustancias distintos a los hidrocarburos, siempre y cuando no se requiera concesión para su explotación y aprovechamiento.

    Además, expuso, se establece que las empresas productivas del Estado y las personas morales podrán participar en los procesos de licitación: de forma individual, en consorcio o mediante asociación en participación, y podrán ser titulares de más de un contrato.

    Otro aspecto del dictamen es que se precisan las reglas por las cuales se pagará el Impuesto Sobre la Renta y las disminuciones permitidas, ya sea en forma individual o mediante consorcio del acuerdo de extracción conjunta.

    Se prevé más de una variable de adjudicación para los contratos asignados mediante licitación pública y que éstas deberán estar asociadas al monto de porcentaje de recursos que recibe el Estado, siendo la Secretaría de Hacienda la que establezca los valores mínimos aceptables.

    El panista comentó que en materia de obligaciones de los contratistas se establece que la recuperación de costos, gastos e inversiones se sujetará a las reglas y bases de los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda. Dichas reglas deberán apegarse a los principios de transparencia, economía y eficiencia.

    Detalló que sólo las contraprestaciones entre el Estado y los contratistas se sujetarán a una tasa de cero por ciento para los efectos.

    Asimismo se modifica el umbral de años para el inicio de la producción, en el caso de los proyectos de aguas profundas, pasando de 10 a 15, a fin de tener tiempo para lograr la primera producción de ese tipo.

    También se establecen las funciones que corresponden al Fondo Mexicano del Petróleo y a la Secretaría de Hacienda, y se puntualizan las funciones que realicen estas instituciones con respecto a la legislación, administración y verificación de costos financieros de los contratos, que no constituirán actos de autoridad.

    Se adicionó un nuevo título a la ley, denominado: del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, cuya finalidad es resarcir a las entidades federativas y a los municipios donde se realicen actividades de exploración y extracción de hidrocarburos de daños que puedan sufrir en el medio ambiente.

    Además se establece el mecanismo mediante el cual se pagará este impuesto por parte de los contratistas y de los asignatarios y tendrán como destino el Fondo para Entidades Federativas al ciento por ciento para las entidades y municipios, entre otras modificaciones.

    A la terminación de la discusión en lo general los diputados presentaron 346 reservas.

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