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Angélica Araujo urge al Gobierno Federal poner fin al estado de indefensión en que se encuentran alcaldes del país

La presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), Angélica Araujo Lara, urgió al Gobierno Federal a poner fin al estado de indefensión en el que se encuentran los alcaldes del país debido a una ineficaz política de seguridad y abandono presupuestal para atender este rubro.

Lo anterior luego de condenar el atentado que le costó la vida al presidente municipal de La Piedad, Michoacán, Ricardo Guzmán Romero la noche del miércoles pasado. Apenas el martes, el alcalde de Montemorelos, Pablo Elizondo, fue atacado a balazos pero logró salir ileso.

La alcaldesa de la Ciudad de la Paz afirmó que es ya insostenible el clima de terror que se registra en municipios, ciudades y estados del país, pues si los representantes populares caen abatidos por el crimen organizado, qué seguridad pueden tener las familias mexicanas.

La dirigente de la FENAMM señaló que este indignante hecho muestra la vulnerabilidad de los munícipes del país ante los limitados recursos con que cuentan para prevenir el delito y combatir la delincuencia.

Por lo anterior y como voz de más de mil 500 alcaldes que conforman la FENAMM, la también munícipe de Mérida recordó que su organismo y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM) han solicitado mayores atribuciones y recursos para la seguridad.

Tras recordar que con el asesinato del alcalde de La Piedad suman 20 los homicidios registrados por la FENAMM en el último año del actual sexenio, Angélica Araujo señaló que en diferentes reuniones de alcaldes se hizo saber a la Federación la urgencia de mejores condiciones presupuestales para los municipios mexicanos.

Recordó que en Chihuahua, el pasado mes de agosto y posteriormente en Mérida, la mayoría de los presidentes municipales del país demandó su participación con derecho a voz y voto en el Consejo de Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, solicitaron incrementar los subsidios del Subsemun del 2012 en un mínimo de 6 mil millones de pesos para atender a más municipios del país con el fin de participar y prevenir en materia de seguridad y combate a la delincuencia.

En la declaración de Mérida a inicios de septiembre, los alcaldes del sureste afiliados a la FENAMM y a la CNSPM se pronunciaron también por una política de seguridad nacional incluyente, abierta, plural, participativa, con una óptica municipalista, orientada de manera prioritaria hacia la prevención.

Hoy que de nueva cuenta el país está impactado por otro artero asesinato de una autoridad municipal, la presidenta de la FENAMM sostuvo que son más vigentes que nunca las propuestas de modificación al presupuesto de 2012, en el que la seguridad pública municipal es de urgente prioridad.

El pasado 19 de octubre, Angélica Araujo hizo llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, una iniciativa para que el presupuesto del próximo año destine más recursos para atender el combate a la pobreza, la inseguridad y otros problemas municipales.

Esta propuesta, a favor de los dos mil 440 municipios de México, plantea la necesidad de aumentar la recaudación federal participable a los estados (Fondo General de Participaciones) de un 20 a un 28 por ciento para el 2012 y en esa misma proporción se haga la transferencia a los municipios.

Sobre la seguridad pública, la presidenta de la FENAMM expuso que el Subsidio de Seguridad Pública Municipal (Subsemun) debe convertirse en un Fondo Permanente de Seguridad Pública Municipal y requiere un monto de seis mil millones de pesos, del cual el 50 por ciento sea para acciones de prevención.

Asimismo planteó incluir a 14 municipios que pertenecen a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal que no cuentan con el recurso señalado, reinstalar a los 23 que fueron eliminados en el 2010 y 2011 y asignar ocho millones de pesos para el fortalecimiento de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

De la misma manera, la FENAMM presentó la iniciativa de generar un fondo de 400 millones de pesos enfocados a proyectos de prevención de la delincuencia, dirigidos a jóvenes y niños con el impulso de programas municipales de integración social.

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