El procurador general de justicia en Quintana Roo, el Lic. Gaspar Armando García torres, aceptó que el número de extorsiones en el estado ha aumentado, no obstante, aseguró que es muy difícil determinar que hay una extorsión en sí, ya que no existe presencia física del agente que pretende consumar el delito.
Aseguró que la policía judicial está trabajando coordinadamente con la policía municipal, lo que ha llevado incluso a capturar a responsables de este tipo de delitos, poniendo como ejemplo la aprehensión y consignación de un sujeto durante el primer fin de semana de noviembre, lo cual fue posible gracias a la denuncia de la víctima y la coordinación policiaca.
“Es a través de un mecanismo telefónico donde se genera una intimidación y las personas creen que efectivamente el pariente de quien les hablan sí está privado de la libertad. Lo que estamos haciendo ahorita fuertemente es trabajarlo a través de nuestra mesa central, pero más que nada lo que estamos propiciando es que la policía judicial esté monitoreando y esté en un acercamiento constante con estas personas que pudieran estar recibiendo este tipo de llamadas. De hecho, se ha podido resolver algunas que no han culminado en extorsión, precisamente porque se ha hecho el llamado e inmediatamente se han hecho los contactos. Es una especie de extorsión virtual, porque físicamente nunca se dan, pero el temor que generan estas acciones sí propician en algunas ocasiones que se consuma la extorsión”.
Sobre los indicios reportados recientemente en Cancún sobre intentos de extorsión a los maestros por parte de bandas organizadas, el procurador aceptó que se han dado casos de este tipo, pero hasta ahora se les considera circunstanciales.
“Todavía no consideramos que pudiéramos estar hablando de un perfil específico destinado a un ataque dirigido a un sector específico como sería el tema de los maestros, sin embargo, el llamado es que tanto los maestros como cualquier otra persona acudan a presentar su denuncia o por lo menos nos hagan del conocimiento para que podamos actuar, porque básicamente en este escenario lo que permite operar a este tipo de bandas es precisamente el silencio o la impunidad que pretenden generar a través del miedo”.
Negó que haya diferencias y enfrentamientos entre la policía judicial y la policía municipal, sin embargo, aceptó que ha habido diferencias a las que restó importancia, debido a que se han dado por el hecho de trabajar en casos de mucha tensión, lo que naturalmente desata una ánimo de psicosis. De hecho, aseguró que le ha dado instrucciones al Director de la Policía Judicial para que junto con los Directores de Seguridad Pública de los municipios plantee esquemas de trabajo y coordinación. No obstante, aseguró que quien esté incurriendo en actos excesivos de abuso, se le procesará, tal como lo fue en el primer caso de un agente que activó un arma, al cual inmediatamente se le hizo un procedimiento y fue remitido. “También estamos llevando la investigación sobre el caso de los policías municipales que dispararon a un vehículo donde iban agentes judiciales. No existe un enfrentamiento real entre instancias policiacas; ha sido algo circunstancial que tenemos que corregir para que esto no vaya a más”.
Sobre los elementos de la policía judicial remitidos a los exámenes de control y de confianza, detalló que se lleva hasta ahora a un promedio de 90 personas, de los cuales, de acuerdo al nivel del complejo de la corporación, representarían un 25 ó 30% de avance, aunado a ello también se está llevando a grupos ministeriales para que se hagan estas pruebas en la Ciudad de México.
En ese sentido, destacó la importancia de la integración del C3 para aplicar los exámenes y reducir los gastos que hasta ahora se obtienen a través de la Fiscalía Antisecuestros (FAS) para enviar a los elementos hasta la ciudad de México, lugar donde son sometidos a pruebas de control y confianza. Dijo que con el C3 incluso se podrían enviar más elementos para que fueran evaluados, lo que se traduciría en menores gastos y agilización de procesos. “Para mandar un grupo a México necesitamos por los menos 4 ó 5 días para hacer los exámenes. Mientras dejas esa parte operativa afuera y en gasto es mucho por los boletos de avión, hospedaje y alimentación”.
Finalmente, sobre el reciente plagio que sufrió un ejidatario en Tulum, el procurador comentó que afortunadamente esta persona ya fue liberada, sin embargo, dijo que no se sabe sobre el paradero de los secuestradores ya que la familia no ha querido dar detalles de lo ocurrido y han pedido que no se les involucre más en el tema; sin embargo, acotó que tanto la policía judicial como el ministerio público tienen instrucciones de mantenerse al pendiente por si llegara a surgir información que pudiera rastrear a los delincuentes y dar con ellos.
Aseguró que la policía judicial está trabajando coordinadamente con la policía municipal, lo que ha llevado incluso a capturar a responsables de este tipo de delitos, poniendo como ejemplo la aprehensión y consignación de un sujeto durante el primer fin de semana de noviembre, lo cual fue posible gracias a la denuncia de la víctima y la coordinación policiaca.
“Es a través de un mecanismo telefónico donde se genera una intimidación y las personas creen que efectivamente el pariente de quien les hablan sí está privado de la libertad. Lo que estamos haciendo ahorita fuertemente es trabajarlo a través de nuestra mesa central, pero más que nada lo que estamos propiciando es que la policía judicial esté monitoreando y esté en un acercamiento constante con estas personas que pudieran estar recibiendo este tipo de llamadas. De hecho, se ha podido resolver algunas que no han culminado en extorsión, precisamente porque se ha hecho el llamado e inmediatamente se han hecho los contactos. Es una especie de extorsión virtual, porque físicamente nunca se dan, pero el temor que generan estas acciones sí propician en algunas ocasiones que se consuma la extorsión”.
Sobre los indicios reportados recientemente en Cancún sobre intentos de extorsión a los maestros por parte de bandas organizadas, el procurador aceptó que se han dado casos de este tipo, pero hasta ahora se les considera circunstanciales.
“Todavía no consideramos que pudiéramos estar hablando de un perfil específico destinado a un ataque dirigido a un sector específico como sería el tema de los maestros, sin embargo, el llamado es que tanto los maestros como cualquier otra persona acudan a presentar su denuncia o por lo menos nos hagan del conocimiento para que podamos actuar, porque básicamente en este escenario lo que permite operar a este tipo de bandas es precisamente el silencio o la impunidad que pretenden generar a través del miedo”.
Negó que haya diferencias y enfrentamientos entre la policía judicial y la policía municipal, sin embargo, aceptó que ha habido diferencias a las que restó importancia, debido a que se han dado por el hecho de trabajar en casos de mucha tensión, lo que naturalmente desata una ánimo de psicosis. De hecho, aseguró que le ha dado instrucciones al Director de la Policía Judicial para que junto con los Directores de Seguridad Pública de los municipios plantee esquemas de trabajo y coordinación. No obstante, aseguró que quien esté incurriendo en actos excesivos de abuso, se le procesará, tal como lo fue en el primer caso de un agente que activó un arma, al cual inmediatamente se le hizo un procedimiento y fue remitido. “También estamos llevando la investigación sobre el caso de los policías municipales que dispararon a un vehículo donde iban agentes judiciales. No existe un enfrentamiento real entre instancias policiacas; ha sido algo circunstancial que tenemos que corregir para que esto no vaya a más”.
Sobre los elementos de la policía judicial remitidos a los exámenes de control y de confianza, detalló que se lleva hasta ahora a un promedio de 90 personas, de los cuales, de acuerdo al nivel del complejo de la corporación, representarían un 25 ó 30% de avance, aunado a ello también se está llevando a grupos ministeriales para que se hagan estas pruebas en la Ciudad de México.
En ese sentido, destacó la importancia de la integración del C3 para aplicar los exámenes y reducir los gastos que hasta ahora se obtienen a través de la Fiscalía Antisecuestros (FAS) para enviar a los elementos hasta la ciudad de México, lugar donde son sometidos a pruebas de control y confianza. Dijo que con el C3 incluso se podrían enviar más elementos para que fueran evaluados, lo que se traduciría en menores gastos y agilización de procesos. “Para mandar un grupo a México necesitamos por los menos 4 ó 5 días para hacer los exámenes. Mientras dejas esa parte operativa afuera y en gasto es mucho por los boletos de avión, hospedaje y alimentación”.
Finalmente, sobre el reciente plagio que sufrió un ejidatario en Tulum, el procurador comentó que afortunadamente esta persona ya fue liberada, sin embargo, dijo que no se sabe sobre el paradero de los secuestradores ya que la familia no ha querido dar detalles de lo ocurrido y han pedido que no se les involucre más en el tema; sin embargo, acotó que tanto la policía judicial como el ministerio público tienen instrucciones de mantenerse al pendiente por si llegara a surgir información que pudiera rastrear a los delincuentes y dar con ellos.