Apuntó que uno de los propósitos es atender todas las quejas que se presenten, pero particularmente buscarán desburocratizar la atención a la gente que ha padecido algún tipo de violación en los derechos humanos, de tal modo que pretenden fortalecer la conciliación para que los problemas de origen sean atendidos de manera inmediata y tengan una respuesta positiva. En este sentido, dijo que en la ciudad de Chetumal impulsaron una oficina móvil que está atendiendo el sector salud y se espera hacer algo similar en la zona norte del Estado, que abarcaría principalmente los municipios de Tulum, Solidaridad y Benito Juárez.
“Hay un programa piloto que se va a empezar a desarrollar en Tulum para poder difundir en las colonias y en las comunidades indígenas los derechos y que los conozcan y los ejerzan de manera responsable. Se ha mantenido un promedio de 1,500 quejas anuales pero queremos que se incremente más que nada para que podamos conocer todas las violaciones a los derechos que se han cometido. Las quejas del 2011 se han mantenido en promedio con las del 2010, lo que sí se ha acrecentado, por ejemplo, es la conciliación porque privilegiamos que se atienda el problema de manera inmediata sin pasar por todo un proceso burocrático que queremos evitar, pero sí es importante que la conciliación se vea fortalecida para que la gente tenga una respuesta lo más pronto posible”.
En relación al caso de Gabina Pat Tuyub, una mujer que presuntamente sufrió abuso sexual y maltrato por parte de unos elementos de Seguridad Pública municipal de Tulum, y que recientemente fue despedida del hotel Grand Sirenis, lugar donde trabajaba, debido a que los directivos de dicho centro de hospedaje se molestaron porque la trabajadora acudía a terapias psicológicas y a los tribunales para darle seguimiento a su caso, el ombudsman estatal aseguró que desde el primer momento fue atendida y señaló que incluso psicólogas se han desplazado desde Chetumal a este municipio para atenderla y mejorar su salud mental.
“Aquí es importante mencionar que requerimos información no sólo la que tengamos nosotros sino la que nos pueda proporcionar el Ministerio Público o incluso el juzgado competente, para que con toda esta información podamos emitir lo conducente a la brevedad posible. Evidentemente que estamos en la parte de la investigación para poder concluir”.
Sobre la no gravedad de del ilícito cometido en contra de Gabina Pat, señaló que ésta es una postura jurídica ya que el código penal establece delitos graves y no graves, sin embargo, recalcó que para la Comisión toda actuación de un funcionario público es grave porque atenta contra la dignidad de una persona. “Entonces lo que buscamos es que toda aquella persona que actúa al margen de la ley, reciba la sanción que corresponda”, puntualizó.