En la sesión 6 de la Diputación Permanente, estuvieron presentes el diputado Luis Torres Llanes, la diputada Jacqueline Estrada Peña, así como los diputados Manuel Aguilar Ortega, Manuel Tzab Castro, Baltazar Tuyub Castillo y José de la Peña Ruiz de Chávez.
De acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado José Alfredo Contreras Méndez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la propuesta tiene su origen en las reformas constitucionales a nivel nacional, con la que se busca cambiar la percepción social de que las recomendaciones son meros exhortos o simples opiniones.
Con esto, se trata de que todas las recomendaciones sean contestadas, tanto si es aceptada como si es rechazada. En el caso que los servidores públicos no las acepten, deberán fundar y motivar su negativa y hacerla pública.
La iniciativa va más allá, pues en el caso de que alguna autoridad rechace una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; ésta podría ser citada a comparecer por la Legislatura.
En el caso de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Contreras Méndez propone incluir nuevas obligaciones para quienes se desempeñen en el servicio público.
Entre esas se encuentran: responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos; atender llamados de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos a comparecer cuando se niegue a aceptar o cumplir las recomendaciones, y abstenerse de incurrir en la reiteración de las conductas que hayan sido materia de una recomendación previa.
Además, los integrantes de la Diputación Permanente recibieron de Mauricio Morales Beiza, actual diputado con licencia, el oficio de reincorporación a las labores legislativas y parlamentarias a partir del 2 de julio.