Aún persisten inconformidades de trabajadores que exigen el pago salarios devengados mientras se desempeñaban como empleados del Ayuntamiento en la administración anterior 
JOSÉ MARÍA MORELOS, Quintana Roo.- Luego de cumplir poco más de 8 meses la administración municipal comandada por el alcalde Juan Parra López, aún persisten inconformidades de trabajadores que exigen el pago salarios devengados mientras se desempeñaban como empleados del Ayuntamiento en la administración anterior, que era presidida por José Domingo Flota Castillo.Es el caso de Manuel López Pech, quien en la pasada administración municipal de José María Morelos estaba a cargo de la Dirección Municipal de Educación y al día de hoy se encuentra reclamando, junto a otros exempleados, el justo pago por el tiempo que trabajó en el Ayuntamiento.
“En la administración municipal que terminó en José María Morelos nos quedaron a deber un mes de salario, medio aguinaldo de acuerdo a la parte proporcional por los 9 meses que trabajamos. El cuerpo de abogados está viendo este proceso con los trabajadores, pues se ha atentado contra los derechos de un trabajador donde claramente especifica en los artículos de la Ley Federal del Trabajo que el salario de un trabajador debe ser sagrado y aquí nosotros no le trabajamos a ninguna persona en especial, como ellos argumentan, trabajamos en el Ayuntamiento, a nosotros nos pagaba el Ayuntamiento”, aseveró.
“Lamentablemente, la última parte que le correspondía a la administración anterior que era para el pago de los salarios y los pagos inmediatos que tenía el ayuntamiento, pues no se entregaron, no se nos pagó”, agregó.
Indicó que no es necesario recordarles el adeudo que se mantiene, pues señaló que las autoridades “saben su responsabilidad y deben de asumirla”.
“Ellos no ignoran esto. Al adquirir el recurso, sabían que era para la nómina y nos debieron haber pagado. A mí me deben como un poco más arriba de 30 mil pesos, pero no dan la cara”, lamentó.
Por lo mientras, indicó que en breve se celebrará una audiencia, fijada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la que se espera lograr un acuerdo entre las partes.