MÉRIDA, Yucatán.- Por los daños ocasionados a la Agencia de Administración Fiscal del Estado, fueron vinculados a proceso Edwin Manuel L. T. y David Marcelino C. M., quienes fueron puestos bajo prisión preventiva por el delito de falsificación de documentos en general.
La situación jurídica de los servidores públicos fue definida en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, luego de que fueron aportados los datos de prueba por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE)
Una suma superior a los tres millones de pesos habría sido el daño causado a la dependencia estatal, en donde los acusados presuntamente emitieron de manera anómala más de 200 recibos oficiales por conceptos de pagos de servicio.
Tras una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado se pusieron al descubierto los malos manejos de los trabajadores, quienes fueron denunciados por el director de dicha institución.
Tres meses fue el plazo establecido por el Juez de Control para el cierre de la investigación, en el que la Fiscalía mantendrá las diligencias correspondientes, en tanto los acusados permanecerán privados de su libertad por un lapso de cinco meses, tiempo en el que estará vigente la medida cautelar.
La situación jurídica de los servidores públicos fue definida en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, luego de que fueron aportados los datos de prueba por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE)
Una suma superior a los tres millones de pesos habría sido el daño causado a la dependencia estatal, en donde los acusados presuntamente emitieron de manera anómala más de 200 recibos oficiales por conceptos de pagos de servicio.
Tras una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado se pusieron al descubierto los malos manejos de los trabajadores, quienes fueron denunciados por el director de dicha institución.
Tres meses fue el plazo establecido por el Juez de Control para el cierre de la investigación, en el que la Fiscalía mantendrá las diligencias correspondientes, en tanto los acusados permanecerán privados de su libertad por un lapso de cinco meses, tiempo en el que estará vigente la medida cautelar.