Las embajadas en México de Francia, Italia, Portugal y los Países Bajos solicitaron, a través de una carta, la atención a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este caso 
TULUM, Quintana Roo.- Diversos medios nacionales han hecho eco sobre la inconformidad que han mostrado países europeos por los desalojos ocurridos en Tulum, en los que se han visto afectados, además de hoteleros y empleados, una importante cantidad de turistas provenientes del extranjero, particularmente de países como Estados Unidos, Canadá y del Viejo Continente.Según información difundida por medios como El Universal, SDPNoticias y Expansión, las embajadas en México de Francia, Italia, Portugal y los Países Bajos solicitaron, a través de una carta, la atención a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este caso, y expresaron su “gran preocupación sobre los hechos ocurridos el pasado 17 de junio de 2016, en la que varios operadores e inversionistas hoteleros fueron desalojados, aparentemente, sin previo aviso”, refiere la misiva que consta de sellos oficiales y las firmas correspondientes.
Asumieron que las embajadas referidas no pueden juzgar la situación jurídica de cada hotel desalojado, “pero quieren hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las autoridades competentes hagan una profunda y seria investigación para determinar con toda la justicia y, de acuerdo a la ley, los derechos de los operadores e inversionistas de los hoteles en esa zona de Tulum”.
De acuerdo con El Universal, cónsules de 9 países que tienen representación en Quintana Roo, “evalúan emitir una alerta de viaje a sus conciudadanos para que eviten vacacionar en Tulum, al considerarlo un sitio riesgoso luego de que se llevara a cabo un desalojo, aparentemente, irregular de 16 predios costeros”. Entre estos países, se menciona a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia, Italia y Portugal.En el desalojo ocurrido el pasado 17 de junio en la zona conocida como Punta Piedra, los propietarios de dichos inmuebles se vieron sorprendidos por la presencia de cientos de hombres que formaban parte de grupos de choque, asistidos además por la Policía Municipal, quienes armados con palos y piedras les obligaron a retirarse de los predios que habitaban, en muchos casos, desde hace más de 20 años. Los agraviados refieren que nunca les fue notificada previamente la orden de lanzamiento por parte de la autoridad judicial, a través de un juzgado civil radicado en Playa del Carmen, y ante el desalojo, una gran cantidad de turistas que se encontraban hospedados en los hoteles, también tuvieron que abandonar estos inmuebles, a lo que se suma la gran cantidad de empleados del sector que se han quedado sin trabajo por esta situación.
Además, señalan que al acudir al juzgado civil de Playa del Carmen, se entrevistaron con el juez Gustavo Efraín Chan Caamal, quien emitió la orden de lanzamiento, negándoles acceso al expediente pues dijo desconocerlos como parte del juicio en el que figuran, por un lado, el empresario regiomontano Esteban Schiavon Magaña, quien asegura ser propietario de los terrenos ubicados en la zona del ejido Pino Suárez y una entrenadora de delfines, quien supuestamente le arrendaba las propiedades al hombre oriundo de Monterrey. Sin embargo, al dejar, supuestamente, de cubrir el arrendamiento, Schiavón Magaña emprendió acciones legales contra la mujer para “desalojarla”.
Ante esta situación, los agraviados afirman desconocer a la entrenadora de delfines y sostienen que se trata de una figura ficticia, empleada por el empresario para despojarlos de sus inmuebles, quien, además, aparentemente ha presentado escrituras falsas para probar su figura de propietario.