MÉRIDA, Yucatán.- El Tribunal Segundo de Juicio Oral determinó, por unanimidad de votos, fallo en sentido condenatorio para una persona y también por unanimidad de votos, fallo absolutorio para otra, por el homicidio de un psiquiatra.
En una de las salas del Centro de Justicia Oral de Mérida la jueza María del Socorro Tamayo Aranda, quien funge como relatora para este caso, dio lectura al acta resultado de la deliberación.
El tribunal determinó, como consecuencia de la valoración jurídica de la prueba rendida por la fiscalía estatal, que dicha prueba superó los límites necesarios para tener por demostrado el delito de homicidio calificado cometido en la persona que en vida respondió al nombre de Felipe de J.T.P. haciendo consistir la calificativa del delito en la ventaja, no teniendo por acreditadas las diversas de premeditación, alevosía y traición que acusaron los fiscales.
En cuanto a la responsabilidad de uno de los acusados, se determinó que la prueba rendida por los fiscales superó los límites necesarios para tener por acreditada aquella, más allá de toda duda razonable, ya que dicha responsabilidad se comprobó en juicio mediante testimonios, pruebas preconstituidas así como pruebas científicas.
Sin embargo, la autoridad judicial adoptó distinto criterio con relación al segundo de los acusados, a quien se le atribuyó la coautoría, toda vez que en el ánimo del Tribunal existió la duda razonable de su participación en los hechos.
Ante esta duda, no existió la convicción judicial de la participación del acusado en cita, por lo se decretó su absolución e inmediata libertad.
En la audiencia del día de hoy se dio a conocer el sentido del fallo con las razones principales que sustentaron el mismo; cabe mencionar, que será hasta la lectura de la correspondiente sentencia en la que se escucharán todos los argumentos valorativos con relación a las pruebas.
Al inicio de la audiencia pública, que en su totalidad llevó más de 320 horas en las que los integrantes del Tribunal apreciaron de forma exhaustiva todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes, la juez Tamayo Aranda resaltó ante las partes, los ciudadanos y medios de comunicación presentes, el trabajo imparcial de los jueces.
“Los integrantes de este cuerpo colegiado dentro de la labor judicial que nos compete al escuchar los hechos que se demuestran en debate, el cual, cabe resaltar, son los únicos a los que se atiende para tomar una decisión final, sin injerencias ni presiones externas de ninguna índole, para así dar vida a la imparcialidad del juez que se manifiesta como una expresión del derecho humano al debido proceso para asegurar la objetividad frente al caso que se pone a disposición para el juzgamiento, ha resuelto en este sentido”, expresó frente a la audiencia.
Finalmente, la jueza presidenta, Verónica de Jesús Burgos Pérez, citó para el día 31 de agosto de este año, a las 09:00 horas, para celebrar la audiencia de determinación de la pena y reparación del daño, en la que se debatirá sobre estos aspectos.
En una de las salas del Centro de Justicia Oral de Mérida la jueza María del Socorro Tamayo Aranda, quien funge como relatora para este caso, dio lectura al acta resultado de la deliberación.
El tribunal determinó, como consecuencia de la valoración jurídica de la prueba rendida por la fiscalía estatal, que dicha prueba superó los límites necesarios para tener por demostrado el delito de homicidio calificado cometido en la persona que en vida respondió al nombre de Felipe de J.T.P. haciendo consistir la calificativa del delito en la ventaja, no teniendo por acreditadas las diversas de premeditación, alevosía y traición que acusaron los fiscales.
En cuanto a la responsabilidad de uno de los acusados, se determinó que la prueba rendida por los fiscales superó los límites necesarios para tener por acreditada aquella, más allá de toda duda razonable, ya que dicha responsabilidad se comprobó en juicio mediante testimonios, pruebas preconstituidas así como pruebas científicas.
Sin embargo, la autoridad judicial adoptó distinto criterio con relación al segundo de los acusados, a quien se le atribuyó la coautoría, toda vez que en el ánimo del Tribunal existió la duda razonable de su participación en los hechos.
Ante esta duda, no existió la convicción judicial de la participación del acusado en cita, por lo se decretó su absolución e inmediata libertad.
En la audiencia del día de hoy se dio a conocer el sentido del fallo con las razones principales que sustentaron el mismo; cabe mencionar, que será hasta la lectura de la correspondiente sentencia en la que se escucharán todos los argumentos valorativos con relación a las pruebas.
Al inicio de la audiencia pública, que en su totalidad llevó más de 320 horas en las que los integrantes del Tribunal apreciaron de forma exhaustiva todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes, la juez Tamayo Aranda resaltó ante las partes, los ciudadanos y medios de comunicación presentes, el trabajo imparcial de los jueces.
“Los integrantes de este cuerpo colegiado dentro de la labor judicial que nos compete al escuchar los hechos que se demuestran en debate, el cual, cabe resaltar, son los únicos a los que se atiende para tomar una decisión final, sin injerencias ni presiones externas de ninguna índole, para así dar vida a la imparcialidad del juez que se manifiesta como una expresión del derecho humano al debido proceso para asegurar la objetividad frente al caso que se pone a disposición para el juzgamiento, ha resuelto en este sentido”, expresó frente a la audiencia.
Finalmente, la jueza presidenta, Verónica de Jesús Burgos Pérez, citó para el día 31 de agosto de este año, a las 09:00 horas, para celebrar la audiencia de determinación de la pena y reparación del daño, en la que se debatirá sobre estos aspectos.