CANCÚN, Quintana Roo.- La Fiscalía General de Estado confirma que derivado de los tres procedimientos penales del fuero común integrados por esta representación social, el ex mandatario estatal Roberto N será procesado y enjuiciado por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, cometidos en agravio de la administración pública del estado de Quintana Roo.
Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de esta representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al ex funcionario estatal, esto, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004.
En dicho Tratado se establece en el Artículo XVII del Principio de Especialidad, numeral 1, inciso d), lo siguiente: “cuando las autoridades competentes de la Parte Requerida consintiera en ampliar la solicitud de extradición a efecto de la detención, enjuiciamiento o condena de la persona reclamada por un hecho constitutivo de delito distinto del que motivó la solicitud”.
De acuerdo a los antecedentes, el pasado 4 de junio del 2017, el imputado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá, cuando pretendía viajar a Europa, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del orden federal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, que tanto la Cancillería mexicana como la PGR enviaran mediante el procedimiento de extradición.
Derivado del delito del fuero federal, el ex funcionario estatal tiene vigente la suspensión del mandamiento judicial.
Cabe destacar, que esta FGE mediante los recursos legales que establece la Ley de Amparo, logró que se fijara la cantidad de 85 millones de pesos para garantizar los efectos de la suspensión en el juicio de amparo que interpuso la defensa.
No obstante se interpuso un nuevo recurso, con la finalidad de incrementar la garantía en relación al daño causado a la administración Pública Estatal, recurso que actualmente se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.
Cabe resaltar que la garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra hasta el día de hoy no ha sido cubierta, por lo cual puede ser puesto a disposición de los Jueces del Estado, una vez que sea trasladado a México.
Mediante la correcta integración de los tres procedimientos del orden penal en contra del ex servidor público en mención, se contabilizó un quebranto patrimonial hacia el Estado de tres mil millones ciento cuatro mil ochocientos veintitrés doscientos setenta y nueve pesos en moneda nacional.
[Boletín emitido por la Fiscalía General del Estado]
Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de esta representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al ex funcionario estatal, esto, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004.
En dicho Tratado se establece en el Artículo XVII del Principio de Especialidad, numeral 1, inciso d), lo siguiente: “cuando las autoridades competentes de la Parte Requerida consintiera en ampliar la solicitud de extradición a efecto de la detención, enjuiciamiento o condena de la persona reclamada por un hecho constitutivo de delito distinto del que motivó la solicitud”.
De acuerdo a los antecedentes, el pasado 4 de junio del 2017, el imputado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá, cuando pretendía viajar a Europa, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del orden federal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, que tanto la Cancillería mexicana como la PGR enviaran mediante el procedimiento de extradición.
Derivado del delito del fuero federal, el ex funcionario estatal tiene vigente la suspensión del mandamiento judicial.
Cabe destacar, que esta FGE mediante los recursos legales que establece la Ley de Amparo, logró que se fijara la cantidad de 85 millones de pesos para garantizar los efectos de la suspensión en el juicio de amparo que interpuso la defensa.
No obstante se interpuso un nuevo recurso, con la finalidad de incrementar la garantía en relación al daño causado a la administración Pública Estatal, recurso que actualmente se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.
Cabe resaltar que la garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra hasta el día de hoy no ha sido cubierta, por lo cual puede ser puesto a disposición de los Jueces del Estado, una vez que sea trasladado a México.
Mediante la correcta integración de los tres procedimientos del orden penal en contra del ex servidor público en mención, se contabilizó un quebranto patrimonial hacia el Estado de tres mil millones ciento cuatro mil ochocientos veintitrés doscientos setenta y nueve pesos en moneda nacional.
[Boletín emitido por la Fiscalía General del Estado]