De carácter urgente, fue al mediodía del pasado jueves en que el comisariado ejidal Miguel Vázquez Nieva llevó a cabo una reunión en el predio “Puerta del Cielo”, donde estuvieron presentes varios prestanombres, entre ellos estaba la hermana de Antonino, Luz María Almazán Arteaga, también llegó Pedro Hernández Ramírez. Esto para definir las estrategias a seguir, toda vez que ya muchos de los posesionarios han expresado que están investigado el megafraude.
Los mismos posesionarios ya han coincidido de que las asambleas, como le llaman, no se llevan a cabo en la casa ejidal del poblado José María Pino Suárez, como debiera ser, por consiguiente señalan que desde ahí se ve que los que integran la directiva ejidal, Miguel Vázquez Nieva, Santa Bartolo Acuña y Héctor Apolinar Huesca Damián en su carácter de presidente, secretario y tesorero, violan las leyes.
Estos integrantes de la directiva en complicidad con los prestanombres, todos ellos al servicio de Roberto Hernández Ramírez, en la actualidad están cometiendo todo tipo de artimañas y poder obtener una millonaria fortuna, no sólo en contra de los posesionarios de la franja costera sino con los ubicados en el centro poblacional, la laguna Nopalitos, debido a que la intención de estos no sólo es apodarse de la franja costera sino incluso del centro poblacional.
Toda vez que el especulador inmobiliario Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, ha dejado entrever que el núcleo poblacional quedará del otro lado de la carretera de donde hoy es el poblado, a fin de apoderarse de la laguna Nopalitos, no obstante a todas estas artimañas, donde han mencionado que hay autoridades del Registro Agrario Nacional (RAN) coludidas.
Igualmente pretenden despojar de 300 hectáreas a los pocos ejidatarios, tierras que se hallan en distintos puntos del lugar y que podrían estar quedando dentro del área del proyecto inmobiliario, a sabiendas que todos estos, incluyendo “El Mosco” Pereira cuentan con 180 certificados parcelarios, que cada uno va de 30 a 2 hectáreas, luego de que ellos dispusieron de los certificados, que supuestamente entregaron mediante asamblea a los ejidatarios, pero que éstas físicamente no fueron otorgadas como quedó asentada en el acta de asamblea.