Barrera Concha comentó que este caso es prueba evidente de la falta de control que rige en ese sector, ya que las casas de empeño se han convertido en el destino final de productos robados ya que no exigen ninguna prueba que acredite la propiedad del bien pignorado, ni tampoco la identidad de quien lleva el artículo, lo que da “carta blanca” a delincuentes para utilizar esas negociaciones para deshacerse de artículos de procedencia ilícita, quienes no utilizan los servicios de instituciones serias, precisamente porque no pueden cumplir los requisitos que les exigen. Además, esos comercios ganan doble porque al no ser recuperados los productos, los venden con una elevada ganancia.
—Muchas de estas casas de empeño se convierten en negocios explotadores de los más necesitados porque además de las elevadas tasas de interés que aplican y que en muchas ocasiones hacen irrecuperables los bienes empeñados, cuando se trata de artículos de valor, inventan el argumento de que se los bienes perdieron y sí acaso le dan al propietario un reducido margen como “resarcimiento del daño” —indicó el legislador.
El Dip. Barrera Concha recordó que recientemente presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de Ley para Regular las Casas de Empeño que tiene como finalidad dar claridad y certeza en el funcionamiento de esas negociaciones. Sin embargo, la mayoría de diputados priístas la rechazó, por lo que los yucatecos continúan en estado de indefensión, tanto los que son objeto de robos como quienes tienen necesidad de empeñar algún bien.
"En parte, esa iniciativa tenía como fin frenar el flujo de artículos robados en las casas de empeño ya que para poder pignorar cualquier objeto se tendría que pedir factura o, en caso de carecer de ella, la presencia de dos testigos; aparte, de la necesaria identificación del pignorante" –manifestó.
Finalmente Renán Barrera dijo que actualmente hay un vacío legal en el funcionamiento de esas negociaciones, ya que los contratos que emiten las casas de empeño, no están contemplados por la Ley Federal de Protección al Consumidor para evitar que sus clientes de buena voluntad sean víctimas de fraudes.