-Estamos frente a un claro ejemplo de impunidad, en un caso perfectamente claro de violación a la ley –manifestó el Dip. Renán Barrera Concha al reprobar la resolución tomada en el Congreso del Estado.
Lamentable la señal que se está mandando a la sociedad por parte de los diputados del PRI, al proteger a los funcionarios que claramente violaron la ley, generando incertidumbre.
A pesar de los argumentos probatorios que presentó el Dip. Renán Barrera Concha y de que el mismo funcionario aceptó haber recibido en donación el predio No. 108 de la calle 10 de Chabihau, comisaría de Yobaín, los diputados priístas de la Comisión de Puntos Constitucionales se negaron a iniciar el procedimiento de juicio político, por denuncia que interpusieron los ciudadanos Kirbey Herrera Chab y Orlando Pérez Moguel.
En su argumentación el Dip. Barrera Concha demostró que, al aceptar la donación del terreno, Ricalde Ramírez infringió lo que establece el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado que, en su fracción VII, establece que se procede en contra de “Cualquier infracción a la Constitución del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado o a uno o varios municipios del mismo, a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”.
También citó el artículo 219 de la Ley de Gobierno de los Municipios que prohíbe a los servidores públicos recibir cualquier donación, y el artículo 39 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos que señala que los funcionarios deben abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, cualquier donación. A la vez, el Código Penal señala en su artículo 259 que los servidores públicos cometen el delito de ejercicio abusivo de funciones cuando realicen cualquier acto jurídico que le produzca beneficios económicos.
Empero, a la vista de los diputados del PRI, están nuevamente el a servicio de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y sus funcionarios, pues en lugar de hacer que se cumpla la ley, lo que se está haciendo es proteger a los funcionarios corruptos.
Asimismo, Barrera Concha expresó que no solo el Congreso se está lavando las manos, sino también la misma Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, ya que en ningún momento se ha visto el funcionario se le haya removido de su cargo -ni si quiera para iniciar alguna investigación, el secretario de hacienda ha permanecido en su puesto y en ningún momento ha habido alguna sanción.
Recalcó que ni siquiera ha habido una sanción administrativa por parte del Instituto de Combate a la Corrupción, que depende del Ejecutivo, y que cuenta con un presupuesto de 2 millones de pesos anuales, que por lo visto solamente sirve para mantener en la nómina a un grupo de personas que no hacen absolutamente nada.
Nuevo golpe a los contribuyentes
Más temprano y dentro de la misma Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados priístas aprobaron la creación de un nuevo derecho para propietarios de vehículos: el refrendo de placas y tarjetas de circulación, otra manera de hacer pagar un impuesto a los propietarios de vehículos.
Al crear esa figura, el Ejecutivo estatal incluirá el cobro correspondiente en su Ley de Hacienda por lo que los dueños de automotores tendrán que pagar ese derecho.
Es un nuevo engaño a los yucatecos ya que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco dio a conocer que “no se cambiarían las placas en 2012”, como estaba establecido, pero en cambio creó el refrendo para obligar a todos a pagar un nuevo impuesto.
El Dip. Renán Barrera Concha advirtió que con el nuevo pago, a la larga los propietarios de vehículos van a erogar más que si cambiasen de placas el año próximo. Por tanto, pidió eliminar la propuesta del Ejecutivo estatal para modificar Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, a fin de crear la figura de refrendo.
—Es (el refrendo) el pago de un derecho a cambio de nada –señaló el legislador panista—. El gobierno no puede cobrar lo que no existe, pero al crear la figura, podrá cobrar por un derecho… Estoy en contra de que se quiera hacer creer a los yucatecos que (el Ejecutivo estatal) está a favor de su economía (por la supuesta eliminación del cambio de placas en 2012), cuando en realidad es un nuevo engaño para los yucatecos.