
Socios concesionarios y operadores se unieron en una protesta que dio inicio en el parque de la CROC alrededor de las 11 de la mañana del pasado martes 27 de septiembre, para luego desplazarse en caravana hasta la comunidad de Chemuyil y, finalmente, dar vuelta de nuevo a la cabecera municipal.
En lo que significó una marcha pacífica, convocada por el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) en el sureste del país, alrededor de 700 unidades del sindicato de taxistas se desplazaron a través de la carretera 307, haciendo más lento el flujo vehicular por la transitada vía. Los vehículos portaban leyendas en las que hacían un llamado a los usuarios a apoyar la economía local y otros textos en los que mostraban su rechazo a que opere Uber en el estado.
“Es una marcha pacífica para manifestar nuestra posición ante una competencia desleal, pero también sin perder de vista que es una muy buena oportunidad para que hoy los taxistas, no solamente de Tulum sino del estado, nos capacitemos y nos pongamos a la vanguardia en tecnología, trato y buen servicio a los usuarios”, expresó Irán Zapata, secretario general del sindicato “Tiburones del Caribe” previo al inicio de la marcha.
“Tenemos 10 meses trabajando con una aplicación, inclusive tenemos un sistema de cobro con tarjeta de crédito para una mejor calidad en el servicio a los usuarios locales, nacionales e internacionales”, agregó, aceptando que la competencia siempre es sana, pero puntualizando que debe estar apegada a derecho.
La primera marcha en este municipio se dio el pasado 15 de septiembre, luego de que la plataforma Uber anunciara su ingreso a Cancún. Los ruleteros exigen que se haga respetar la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, que en sus artículos 31 Bis y 32 prohíbe ofrecer servicio de transporte sin una concesión otorgada por el Gobierno del Estado. No obstante, algunos juristas han señalado que los gremios sindicales constituyen un monopolio en muchas entidades, incluyendo a Quintana Roo, lo cual se contrapone a lo estipulado por el artículo 28 constitucional, por lo que atendiendo al Principio de Supremacía Constitucional, serían inválidos los numerales que se oponen a la Carta Magna, sumado a que en su afán de detener a los conductores de Uber, el personal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado (Sintra) suele violar el primer párrafo del artículo 16 constitucional que a la letra refiere: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Mientras tanto, durante la presentación del gabinete del gobierno de Carlos Joaquín, el secretario de la Sintra, Jorge Portilla Mánica, reiteró que continuarán los operativos contra las unidades de Uber, pues recordó que existe una ley que prohíbe el transporte de pasajeros sin una concesión.