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Pruebas sin peso, en caso de conductor de Uber agredido: abogado

Para el abogado de uno de los imputados, Erik Pérez Loyo, los elementos aportados por la Fiscalía no tienen el suficiente peso como para que su representado fuera vinculado a proceso
Abogado Erik Pérez Loyo, durante la presentación de su libro “Inconstitucionalidades e incongruencias del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
MÉRIDA, Quintana Roo.- Luego del lamentable incidente que ocurriera la madrugada del pasado jueves 22 de septiembre en la colonia San José Tecoh, de la ciudad de Mérida, donde un conductor de la empresa Uber fuera agredido físicamente y quemado su automóvil Tiida modelo 2009, fueron vinculados a proceso dos sujetos a quienes la Fiscalía General del Estado los acusa de ser presuntamente responsables por los delitos de daño en propiedad ajena con incendio y lesiones calificadas.

Sin embargo, para el abogado de uno de los acusados, Erik Pérez Loyo, las pruebas aportadas por la Fiscalía no tienen el suficiente peso como para que su representado —de quien prefirió omitir su nombre, por reservas de ley— fuera vinculado a proceso, debido a que solamente fueron presentados dos testigos de oídas, que no presenciaron los hechos, según dijo, y, además, la descripción física que ofreció el agredido sobre sus agresores, no coincide con los rasgos de su cliente.

La agresión al conductor de Uber ocurre en medio de un clima de tensión por la incursión de esta empresa estadounidense en la Península de Yucatán, ofreciendo servicio transporte privado mediante una aplicación de celular, situación que ha incomodado a los taxistas que forman parte del Frente Único de los Trabajadores del Volante (FUTV), gremio que reclama al gobierno que frene la operación de esta plataforma.

El abogado Pérez Loyo adelantó que recurrirá al amparo de la justicia federal ante la resolución del juzgado de primera instancia que somete a un proceso penal a los imputados. “Combatir la resolución de la jueza, que a criterio de esta defensa no coincide con lo que resuelve ella, pues no había elementos para vincular a proceso a esta persona (su representado). Como sociedad tenemos que entender que no puede ser que por un caso que suene, la Fiscalía General del Estado termine sustentando las acusaciones con el dicho de dos personas a las que no les consta y querellante que no reconoce (a sus agresores), y no se llevan a cabo los dictámenes en materia pericial necesarios para establecer una responsabilidad”, precisó.

Agregó que los delitos por los que es imputado su representado admiten un acuerdo reparatorio, por lo que mediante el pago del vehículo, que sufrió daños totales, —que, según al abogado, a través de un dictamen pericial se determinó que su valor asciende a 85 mil pesos— los acusados podrían quedar en libertad, antes de resolverse el juicio de amparo. “Dependiendo de las pláticas entre las partes, puede haber un tipo de arreglo, que es lo más viable; o en dado caso que se resuelva el amparo, ante lo cual estaríamos hablando de un término de tres a cuatro meses, y que se nos conceda la protección de la justicia federal en contra de la resolución de la jueza”, apuntó. Sostuvo estar en desacuerdo con la prisión preventiva que se le impuso a su cliente, al considerar que es excesiva y gravosa. “Los delitos alcanzan una pena de 6 años con cuatro meses, y por el tipo de delito se admiten acuerdos reparatorios, esto quiere decir que si pagan las personas (imputadas), inmediatamente quedan en libertad”, insistió.

Finalmente, el defensor hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a las audiencias que se celebran en el Centro de Justicia Oral, en la capital yucateca, pues explicó que esto beneficiará a mejorar la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, recordando que uno de los principios de este modelo es precisamente la publicidad, por lo que se acepta la presencia del público en general en la mayoría de los casos que se desarrollan sobre la materia.

Erik Pérez Loyo es un abogado postulante en el estado de Yucatán, experto en Derecho Penal. Recientemente presentó su libro “Inconstitucionalidades e incongruencias del Código Nacional de Procedimientos Penales”, una serie de observaciones sobre errores que presenta ese instrumento de reciente aplicación en todo el territorio mexicano en torno al nuevo sistema de justicia penal.

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