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    Lamentan ciudadanos que autonomía municipal sea violada de forma recurrente

    Falta de coordinación, falta de transparencia y opacidad entre los gobiernos estatal y municipal, acusan ciudadanos tulumenses, tras el mal estado en el que se desarrollan las obras de drenaje en esta ciudad

    TULUM, Quintana Roo.- Falta de coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, acusan ciudadanos tulumenses, tras el mal estado en el que se desarrollan las obras de drenaje en esta ciudad.

    El ingeniero Javier Flores, presidente de la Asociación de Profesionistas de Tulum, lamentó que persista la descoordinación, falta de transparencia y opacidad en las inversiones públicas que se hacen en este municipio.

    “Lo que se ha manifestado con este tipo de acciones por parte del Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y por parte del gobierno municipal, es una descoordinación total porque desde CAPA no hay respeto y una falta de consideración hacia el gobierno municipal. Entonces, cada quien está trabajando para el rumbo que más considera que le conviene. No hay coordinación de las dependencias encargadas de manejar la urbanización”, aseguró.

    “Esto ocasiona un desorden y ni siquiera se le está informando a la población cuáles son las calles que se están afectando como consecuencia de estas obras. No hay información, no hay política de prevención, no hay nada”, agregó.

    El ingeniero lamentó que, aunque en muchas ocasiones la inversión en obras públicas sea de origen tripartita, tenga que ser el Gobierno del Estado quien lleve la batuta, invadiendo incluso esferas en el marco de las atribuciones municipales.

    “En la inversión, aunque sea tripartita, el que lleva la batuta es el Gobierno del Estado, y hay obras en las que siempre se van a tener que estar aumentando los costos porque la mayor parte de estos recursos se mandan al gasto corriente, y el gasto corriente es un barril sin fondo. Nunca se van a completar o seguir los programas de inversión como deben de ser; y como consecuencia de esto, lógicamente que los orígenes son falta de transparencia, hay mucha opacidad en la aplicación de los recursos y desde luego nunca se entera la población del origen y destino de cada una las partidas presupuestales”, apuntó.

    “Con esto se viola sistemáticamente el principio de que cada municipio es autónomo. No es cierto, aquí no existe en México la autonomía municipal. En todos los programas e inversiones, siempre ejercen el poder los poderes estatales. Mientras impere este tipo de sistema, nosotros vamos a vivir en un caos y va a ser siempre un descontrol, una falta de seriedad y sobre todo de transparencia en la aplicación de los recursos”, añadió.

    Acentuó que a Tulum le hace falta orden y ejercicio de autoridad. Sin embargo, puntualizó que el orden no se aplica porque conlleva la obligación de transparentar los recursos de origen y destino, y, por ahora, eso se maneja con demasiada opacidad.

    “Desearía que nuestras autoridades tomen conciencia sobre cuál es el papel que les toca desempeñar para beneficio del pueblo. Lamentablemente, cuando llegan al poder se olvidan que fueron electos por los ciudadanos. Mientras siga esperando esta ley, que no está escrita pero que sí se aplica, vamos a seguir así. Yo les pediría a todos los funcionarios públicos que asuman su papel y que se pongan a trabajar de acuerdo a la ley”, sostuvo.

    Respecto al director general de Obras Públicas, Víctor Hugo Aragón Esquivel, uno de los responsables de la urbanización en el municipio, dijo que, independientemente de su capacidad profesional, mantiene un gran vacío e incapacidad en la rendición de cuentas y el manejo transparente de los recursos. “Las licitaciones que se han hecho para las diferentes inversiones nunca se publican en los diarios de circulación en el Estado, por lo menos, tal y como lo marca la Ley de los Municipios. Considero que es una de las tantas personas que tienen que ser manipuladas por intereses más grandes. Continúa imperando la ley del diezmo, pero ahora es del veinte o veinticinco por ciento que los contratistas deben aportar sin ningún recibo, y con esto se considera que es un acto de corrupción”, concluyó.