El destino electoral de Gregorio Sánchez Martínez como candidato viable jurídicamente a la gubernatura de Quintana Roo se decidirá este viernes, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá si restituye o no los derechos políticos al abanderado del DIA que integra PRD, PT y Convergencia para que pueda votar y ser votado en los comicios del 4 de julio.Mientras sucede, el Registro Federal de Electores (RFE) ya borró del padrón electoral a Sánchez Martínez y así se cumplió la orden del juez penal que resolvió que el abanderado perdiera sus derechos político—electorales al dictarle auto de formal prisión por presuntos delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
El RFE confirmó su anulación del padrón electoral aunque aclaró que a pesar de la eliminación de sus datos, Greg Sánchez aparecerá en los listados nominales de electores de Quintana Roo.
Y es que desde el pasado 31 de mayo, el RFE entregó al Instituto Electoral de Quintana Roo el listado nominal que empleará para la contienda del próximo 4 de julio y que está elaborado con corte al 31 de marzo.
El recurso de protección de los derechos políticos de Greg fue interpuesto el fin de semana pasado, y en los últimos días los dirigentes de los partidos que integran el DIA cabildearon con los magistrados del TEPJF en un intento por argumentar a favor de su abanderado y solicitar que se aplique la misma tesis que en el caso del panista Martín Orozco en Aguascalientes a quien le restituyeron sus derechos políticos pese al auto de formal prisión que tiene en su contra.
De hecho, el recurso electoral de Greg es “muy parecido” al que en su momento interpuso el actual abanderado del PAN en Aguascalientes y solicita la misma resolución de los magistrados para el abanderado del DIA, hoy en una prisión de Nayarit.
El proyecto de sentencia sobre el recurso de Greg Sánchez lo elaboró la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís y la sesión de este viernes empieza a las 13:00 horas.
El sol azteca a través de su secretaria general, Hortensia Aragón, advirtió que no permitirá que se aplique el mismo final que se instrumentó para el “Michoacanazo” y acusó que la justicia en México se mide con dos varas de diferente tamaño y calibre. Una para los opositores y otra para los políticos que militan en las filas del partido en el gobierno, a quienes se favorece con todo, como en el caso de Orozco, a quien un tribunal de lo contencioso exoneró de diversos cargos que lo impedían para ocupar cargo público alguno durante los próximos 14 años y que habían puesto en riesgo sus aspiraciones políticas.
Y es que desde el pasado 31 de mayo, el RFE entregó al Instituto Electoral de Quintana Roo el listado nominal que empleará para la contienda del próximo 4 de julio y que está elaborado con corte al 31 de marzo.
El recurso de protección de los derechos políticos de Greg fue interpuesto el fin de semana pasado, y en los últimos días los dirigentes de los partidos que integran el DIA cabildearon con los magistrados del TEPJF en un intento por argumentar a favor de su abanderado y solicitar que se aplique la misma tesis que en el caso del panista Martín Orozco en Aguascalientes a quien le restituyeron sus derechos políticos pese al auto de formal prisión que tiene en su contra.
De hecho, el recurso electoral de Greg es “muy parecido” al que en su momento interpuso el actual abanderado del PAN en Aguascalientes y solicita la misma resolución de los magistrados para el abanderado del DIA, hoy en una prisión de Nayarit.
El proyecto de sentencia sobre el recurso de Greg Sánchez lo elaboró la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís y la sesión de este viernes empieza a las 13:00 horas.
El sol azteca a través de su secretaria general, Hortensia Aragón, advirtió que no permitirá que se aplique el mismo final que se instrumentó para el “Michoacanazo” y acusó que la justicia en México se mide con dos varas de diferente tamaño y calibre. Una para los opositores y otra para los políticos que militan en las filas del partido en el gobierno, a quienes se favorece con todo, como en el caso de Orozco, a quien un tribunal de lo contencioso exoneró de diversos cargos que lo impedían para ocupar cargo público alguno durante los próximos 14 años y que habían puesto en riesgo sus aspiraciones políticas.