Durante la clausura de los trabajos de la III Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el presidente Felipe Calderón resaltó el papel de Yucatán como anfitrión de sendos eventos, reconocimiento al que se sumaron los países y estados participantes.
En la última jornada de trabajos, los países integrantes del Mecanismo de Tuxtla acordaron exhortar a los Estados Unidos y a los países consumidores de estupefacientes a frenar el consumo y detener el tráfico de armas, como parte de la estrategia contra el crimen organizado.
A las actividades de la citada Cumbre, segundo de corte internacional en dos días en esta capital, asistieron los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, Honduras, Porfirio Lobos Sosa, Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal y de República Dominicana, Leonel Fernández Reyna.
Ortega Pacheco e integrantes del gabinete federal, además de ministros, jefes de delegación, representantes de organismos internacionales y los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y Campeche, Fernando Ortega Bernés, estuvieron presentes durante los acuerdos que buscan una mayor integración del bloque mesoamericano.
Durante la citada Cumbre se firmó el Acuerdo de Yucatán, que incluye un fondo de infraestructura para la región de Mesoamérica y la reafirmación del Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica.
En la ceremonia de clausura, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré detalló el acuerdo englobado en nueve puntos:
Primero: los centros de consumo han dado un enorme poder financiero a las organizaciones delincuenciales trasnacionales dedicadas a traficar drogas.
Segundo: esto ha generado una espiral de crimen y violencia en diversos países de América Latina y el Caribe debido al alto poder económico de esos grupos y al aumento de su capacidad de fuego. Aún más grave es el hecho de que la mayoría de las armas que utilizan los criminales en contra de civiles y autoridades son adquiridas en los propios centros de consumo de drogas, sin que se tengan medidas efectivas para controlar la venta masiva de armamento a los criminales.
Tercero: esto ha generado inmensos costos en términos de vidas humanas tanto de civiles como de elementos de las fuerzas de seguridad.
Cuarto: este es un fenómeno que se ha venido agravando en los últimos años entre otras razones porque el consumo de este tipo de sustancias en su conjunto lejos de disminuir ha ido en aumento.
Quinto: en algunos casos los criminales no limitan su actividad al tráfico y distribución de drogas, sino que diversifican su actividad y actúan como organizaciones criminales que secuestran, extorsionan y en general buscan apoderarse de las rentas de la comunidad a través de la violencia o amenazas a los ciudadanos, lo que se traduce en una amenaza directa a la paz y la convivencia democrática de las naciones de América Latina y el Caribe.
Sexto: en virtud de lo anterior y ante la evidencia del incremento sostenido en el consumo de drogas los mandatarios expresaron su convicción de que es indispensable que los Estados Unidos de América y demás países consumidores adopten medidas más drásticas y eficaces para rastrear y cortar el flujo de dinero producto de actividades ilícitas hacia las organizaciones criminales.
Séptimo: lo deseable sería una sensible reducción de la demanda de drogas ilegales, sin embargo, si ello no es posible, como lo demuestra la experiencia reciente, las autoridades de los países consumidores deben explorar las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado orientadas a ese propósito. Con ello, se evitaría el trasiego de esas sustancias siga provocando altos niveles de crimen y violencia en las naciones latinoamericanas y caribeñas.
Octavo: adicionalmente los países de la región demandan a los congresos de los Estados Unidos y de otros países productores y vendedores de armas que establezcan medidas efectivas para registrar, regular e impedir el trasiego de armas de asalto y otras armas de alta peligrosidad a los grupos criminales de los países de la región.
Noveno: se refrenda su compromiso de seguir luchando con determinación en contra de los grupos criminales trasnacionales a través del fortalecimiento constante de las instituciones de seguridad y justicia sin menoscabo de la implementación de políticas sociales que abran oportunidades de educación, salud, esparcimiento y trabajo, así como prevención y tratamiento de adicciones entre los niños y jóvenes de nuestros países.
Tras la culminación de la Cumbre, los presidentes y ministros de Relaciones Exteriores participantes se dirigieron al aeropuerto “Manuel Crescencio Rejón” para retornar a sus países de origen, con lo que Yucatán cumplió con creces tan importante compromiso.