Además, la Permanente dio entrada a una iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que busca establecer mecanismos de evaluación, vigilancia y disciplina para los jueces y magistrados del Poder Judicial. También se busca que la ratificación de los funcionarios judiciales, se apegue más a méritos profesionales y académicos, y no de manera automática o tácita.
Se trata de tres iniciativas promovidas por el titular del Poder Ejecutivo estatal, que ya han sido turnadas a la Comisión de Justicia de la XIII Legislatura para su estudio, análisis y posterior dictamen.
La sesión número cinco de la Diputación Permanente estuvo presidida por el diputado Luis Torres Llanes, y asistieron la diputada Jacqueline Estrada Peña, así como los diputados Manuel Aguilar Ortega, Manuel Tzab Castro, José de la Peña Ruiz de Chávez, Baltazar Tuyub Castillo y José Alfredo Contreras Méndez.
De acuerdo con el texto de la iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Civiles, es necesario un cambio en la manera de impartir justicia y en la forma que funcionan sus operadores, así como modificar procesos, valores y pautas de desempeño.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo estatal considera la reforma como oportuna y necesaria para materializar el derecho constitucional de acceso a la justicia en materia de oralidad civil familiar.
Para ello, se propone modificar la forma de operar los procedimientos civiles en el ramo familiar, con la contemplación en el Código de Procedimientos Civiles, de las figuras de un “Juez de instrucción”, que se haría cargo de la fase preparatoria a las audiencias inicial y de juicio, entre otras.
Otra de las figuras a crearse es la de “Juez Oral”, a quien corresponderá exclusivamente presidir la audiencia inicial y la de juicio, para acelerar los procesos de decisión, y en consecuencia, terminar con la carga de expedientes que atiende actualmente el juez de lo familiar.
La reforma también prevé la creación de las figuras “Administrador de Gestión Judicial del juzgado oral” y el “Encargado de Sala”, que coadyuvarán para hacer más funcional, dinámica y eficiente la estructura orgánica de los juzgados orales familiares.
En lo que respecta a la reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene como finalidad priorizar el objetivo de la carrera judicial, como el de contar con la mejor calidad profesional de los juzgadores.
Propone homologar el criterio que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los jueces no sean sujetos de un juicio político, sino únicamente bajo las reglas establecidas para los procedimientos que son competencias del Consejo de la Judicatura.
Para ello, en los procedimientos de selección de los jueces, se tomará en cuenta los méritos de quienes aspiren a esos cargos, mismos que se determinarán de manera objetiva y transparente.
La propuesta de reformas a la Ley, busca establecer parámetros para evaluar el desempeño de los funcionarios judiciales tales como: desempeño ante la carga de trabajo, preparación académica, su contribución para con la comunidad jurídica, y finalmente su desempeño profesional en el servicio judicial.