Clausura la radio indígena K´in Mayab, detiene a responsables del proyecto periodístico y decomisa el modesto equipo técnico. Sin mediar orden de cateo y con el argumento de ser radio comercial, arremeten contra los responsables, violando sus derechos y la Constitución 
De manera arbitraria y sin mediar orden alguna de por medio, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente, intervinieron y clausuraron el local del proyecto periodístico Debate por Yucatán donde funcionaba la cabina de K´in Mayab Radio, esfuerzo radiofónico cuya finalidad y objetivo era la de difundir y proyectar todo lo relacionado de nuestra cultura indígena, en particular lo relativo a nuestra identidad maya, tarea que por mandato de Ley está obligado a realizar el Estado Mexicano y los diferentes niveles de gobierno.Con el argumento de contar con una orden de cateo, pero sin mostrar documento alguno, de manera `prepotente los agentes federales se apostaron la tarde de este martes 22, en la entrada del acceso principal al edificio La Nacional, que se ubica en la calle 59 por 60 del centro histórico de la capital yucateca, bloquearon el paso al local habilitado como cabina y oficina del proyecto periodístico, indicando escuetamente que “de acuerdo a su investigación, se trataba de una radio comercial y no una de corte cultural e indigenista”, la cual estaba al aire en el 107.7 de FM, deteniendo al responsable del proyecto, Russell Gerardo de Guadalupe Arjona Tamayo y a dos jóvenes colaboradores, así como decomisaron todo el equipo técnico de baja y modesta capacidad utilizado para tal fin.
Con el golpe asestado a la cultura indígena, la PGR también coartó la libertad de expresión y el derecho a la información respaldado por la Ley de Imprenta.
Tras la acción, la misma institución que está obligada a dar cabal cumplimiento al nuevo Sistema de Justicia Penal en México donde el principio de la presunción de inocencia es el que debe prevalecer ante cualquier caso de presunción de algún delito y no el de culpabilidad como el que regía en el país, el cual fue flagrantemente violado por la PGR.
No obstante lo anterior, la Procuraduría General de la República incurrió en graves atropellos a las garantías constitucionales e individuales, violando los tratados interamericanos de derechos humanos que México ha suscrito. Entre las violaciones constitucionales, la PGR lo hizo a los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señalan:
Art. 14, párrafo I… “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Art. 16… “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”. Los citados artículos protegen el principio de legalidad y equidad en todos los juicios.
Además, pisoteó leyes secundarias que amparan y fundan el principio del trabajo de difusión cultural, tal como lo establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 24 y 25 que señalan:
Art. 24. “El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus correlativos estatales en su caso, promoverán que las autoridades correspondientes expedían las leyes que sancionen o penalicen la comisión de cualquier tipo de discriminación, exclusión y explotación de las personas hablantes de lenguas indígenas nacionales, o que trasgredan las disposiciones que establecen derechos a favor de los hablantes indígenas nacionales, consagradas en esta ley.
Art. 25... Señala que las autoridades, instituciones, servidores o funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en la presente ley, serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la responsabilidad de los servidores públicos y sus leyes reglamentarias…
El Art. 4 constitucional establece, entre otras cosas... “El varón y la mujer son iguales ante la ley.…. Toda persona tiene el derecho al acceso y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural, en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia…”
Tras la detención de los responsables del proyecto y decomiso de equipo, los agentes al mando de la titular de la mesa cuatro, Norma Angélica Vera Serrano, los trasladaron a las instalaciones de la delegación de la PGR donde permanecieron incomunicados por varias horas.
Sin embargo, cuando los comunicadores rindieron su declaración y explicaron a detalle el trabajo que realizaban, previo interrogatorio de la autoridad ministerial que a fuerza `pretendía le dijeran cuánto cobraban por transmitir un anuncio, spots o comunicado en la radio, recibiendo como respuestas que por ser radio comunitaria cuya vocación era el servicio a la comunidad a través de las manifestaciones culturales, no se perseguía cobro, lucro o beneficio económico alguno, incluso, se le indicó que ese tipo de actividad no se realizaba toda vez que está prohibido por la Ley a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la PGR cambió su versión y dijo a los detenidos que habían sido llevados en calidad de testigos.
Indicaron que existía una denuncia interpuesta por la SCT porque presuntamente carecían de permiso para operar, lo que motivó el inicio de la averiguación previa radicada con el número AP 254/UEIDAPLE/LE/4/2013.
Tanto Arjona Tamayo como los demás detenidos declararon que desde el 2009 se hizo la solicitud del espacio radiofónico ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a la copia de los documentos, lo que su momento acreditarán ante la PGR.
Sin embargo, ante los atropellos de la autoridad federal con la clausura y confiscación de los bienes de la radio, quien pierde es la comunidad indígena de Yucatán y de Mérida, toda vez que en la capital del Estado era el único medio y espacio que tenía la etnia maya para comunicarse y recibir información en su propia lengua, sobre todo porque en los pocos meses que llevaba funcionando se hacía la difusión, promoción, preservación y defensa de los valores indígenas. En los últimos días se había iniciado el proyecto de enseñar la lengua materna (maya) para reconstruir el mito del kuxaam suum (soga viva).