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Se actualizan funcionarios del área penal en obligaciones de transparencia y conservación de archivos

La plática estuvo dirigida a jueces, secretarios de acuerdo y coordinadores de sala de las áreas penal del sistema tradicional y del sistema acusatorio y oral, así como del área de ejecución de sanciones MÉRIDA, Yucatán.- La actualización del marco legal en materia de transparencia y su impacto en el trabajo judicial del área penal, así como los nuevos lineamientos para el resguardo de archivos, fueron los temas que se abordaron en una plática realizada en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” de la sede del Poder Judicial en esta ciudad.

La plática estuvo dirigida a jueces, secretarios de acuerdo y coordinadores de sala de las áreas penal del sistema tradicional y del sistema acusatorio y oral, así como del área de ejecución de sanciones, a quienes se actualizó acerca del marco legal vigente en el ámbito de la transparencia y el resguardo y procesamiento de archivos.

Este marco legal está conformado por los siguientes ordenamientos: ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Acuerdo general EX16-160831-01 del pleno del Consejo de la Judicatura de Yucatán por el que se regula al Comité de transparencia de este organismo y los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información.

En cuanto al tema de archivos, el marco normativo a aplicar está conformado por: el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos y los propios Lineamientos.

El jefe de la unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura, Aldo Ojeda, expuso que atendiendo a las obligaciones de ley, ya se hacen públicas algunas sentencias de interés general en la página web del Poder Judicial. Detalló que en el caso de sentencias solicitadas que contengan datos reservados, la institución está obligada a responder con una versión pública en la que se protejan esos datos.

Recordó que todos los funcionarios públicos a quienes va dirigida la solicitud de información son quienes deben responderlas en los plazos que la ley otorga e incluso de ser necesario se debe adaptar la información al formato solicitado. Sin embargo, las propias leyes también prevén excepciones para dejar en reserva algunas informaciones.

Por su parte, la coordinadora del Archivo General del Poder Judicial del Estado, Rosa Elena Solís Blanco, expuso el contenido general de los Lineamientos para la organización y conservación de los archivos, expedido por el Sistema Nacional de Transparencia, los cuales fueron publicados el 4 de mayo de 2016.

Dichos lineamientos tienen como objeto el establecimiento de políticas y criterios para la sistematización y digitalización, así como para la custodia y conservación de los archivos en posesión de los sujetos obligados.

En el caso del poder judicial del Estado, la aplicación de esta normativa nacional implica, entre otros aspectos, que los juzgadores, secretarios de acuerdos y coordinadores de sala de los sistemas penales deberán documentar las actividades que realizan en el  ejercicio de sus funciones y mantener actualizados sus sistemas de archivo documental, bajo estándares homogéneos dictados por la institución.

Asimismo, manifestó que el Poder Judicial ha estado trabajando desde hace varios años para establecer políticas y criterios con estándares homogéneos para transferir, preservar y dar seguimiento a cada archivo, así como asegurar su debida custodia y conservación.

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