El PNT, que cuenta con 664 hectáreas, fue decretado como tal en abril de 1981.
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A través de redes sociales, se convocó a una protesta a efectuarse el pasado jueves 15 de junio, la cual finalmente tuvo lugar en la pluma que fue instalada hace unos meses en la bifurcación que conduce a la zona de playas, en el acceso al Parque Nacional Tulum. Allí, ciudadanos expresaron su malestar por el supuesto cobro que afectaría a la economía de los tulumnenses.
Luis Gilberto Gómez Flores, ciudadano inconforme que acudió a la manifestación, recordó que el acceso a las playas públicas es un derecho que tienen los mexicanos, por lo que expresó su inconformidad por este cobro pues, además, sugirió que esto podría afectar la reducción de la afluencia turística en la zona.
“Queremos que nos tomen en cuenta, que hagan una encuesta, que tomen en consideración la opinión de la ciudadanía antes de implementar algún tipo de cobro que nos vaya a perjudicar como ciudadanos. Buscamos que se respete nuestro derecho como mexicanos, un derecho de acceso libre a las playas públicas. Invitamos a la población en general del municipio de Tulum y a todos los mexicanos, porque realmente las playas son de todos los mexicanos, a unirse para que pacíficamente podamos exigir nuestro derecho que por ley nos toca disfrutar”, exclamó.
Ciudadanos de Tulum mostraron su inconformidad por el presunto cobro en la entrada del PNT. |
Exenciones del cobro
Si bien la Ley Federal de Derechos, en el artículo 198, prevé el cobro de 32 pesos a las Áreas Naturales Protegidas por el uso o aprovechamiento de los elementos naturales e insulares, derivado de actividades recreativas, turísticas, de buceo, entre otras, este mismo numeral prevé ciertas excepciones. De esta forma, se exime del pago a la tripulación de las embarcaciones que presten servicios náutico-recreativos y acuático-recreativos, así como a los residentes permanentes de las localidades contiguas a las Áreas Naturales Protegidas en cuestión, de lo cual se entiende que los habitantes de Tulum no tendrían que desembolsar esa cantidad.
El mismo artículo indica que también estarán exentos del pago los menores de 6 años y los discapacitados, y añade que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos, se destinarán para la conservación y aprovechamiento sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.