Playa del Carmen, Quintana Roo.- El delegado en Solidaridad de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado (SINTRA), Javier Villanueva Marrufo, comentó que continuarán realizándose los operativos para detener a vans con placas federales que prestan servicio de manera irregular. Esto, pese a la inconformidad de la empresa Tour, organización que ha manifestado que SINTRA ha roto acuerdos y ha invadido esferas.Indicó que se envió al corralón a 10 vehículos que prestaban servicio de manera irregular, principalmente de la empresa Tour, que es una de las tres organizaciones, junto con OTA y UNITUR, que ofrece servicios de autotransporte para turistas. Marrufo Villanueva explicó que estas tres empresas trabajan con placas federales y mantienen operando a alrededor de 3 mil unidades en la zona.
Resaltó que, a diferencia de Tour, las empresas OTA y UNITUR no se han manifestado en contra de estas revisiones, con quienes también se ha sostenido reuniones y se les ha explicado el propósito de los operativos.
Detalló que una de las anomalías que se han detectado es que los vehículos con placas federales prestan servicios que no les corresponden. Indicó que incluso hay unidades que han adquirido láminas en otros estados de la república y las venden en Quintana Roo.
Puntualizó que “las placas federales no se pueden vender a una persona, porque se entregan a una empresa”, por lo que señaló que es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intervenga en este asunto y revoque los permisos a quienes han adquirido las placas y realizan estos actos.
“El punto de acuerdo es que los servicios que presten los permisionarios federales deben ser previamente contratados y complementarios relativos a lo que establece la ley, y deben operar de acuerdo a los paquetes, con los llamados servicios precontratados. Nosotros como SINTRA nos apegamos a la ley, que es muy clara”, advirtió.
Concluyó ratificando que los operativos continuarán, aunque esto genere molestias entre las empresas transportadoras. Asimismo, expresó que no se trata de una cacería de brujas y que tampoco la intención es recaudar, pues sólo se busca que haya orden en el servicio de transporte.
Dijo que los propietarios de los vehículos remitidos al corralón han sido sancionados con una multa mínima de 50 salarios, sin embargo, está contemplado que estas sanciones pudieran llegar hasta a los 400 salarios mínimos.