Chetumal, Quintana Roo.- En sesión privada celebrada el día de hoy, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los recursos de reclamación 29/2013-CA, derivado de la Controversia Constitucional 13/1997 y 30/2013-CA, derivado de la Controversia Constitucional 9/1997, promovidos por el Estado de Quintana Roo en contra de la determinación del Tribunal Pleno adoptada en sesión privada de tres de junio de dos mil trece, en el sentido de que existe imposibilidad jurídica para solicitar al Senado de la República que remita a ese Alto Tribunal los expedientes originales y sus anexos de las citadas Controversias Constitucionales.
En su resolución, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes los referidos recursos de reclamación promovidos por el Estado de Quintana Roo, al considerar que la determinación del Tribunal Pleno impugnada es definitiva e inatacable por haber sido pronunciada por el órgano jurisdiccional de carácter terminal dentro del sistema jurídico mexicano y la misma no constituye una sentencia definitiva sobre el problema limítrofe.
No obstante la desestimación de los referidos recursos de reclamación, la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja expedito el derecho del Estado de Quintana Roo de promover el medio de control constitucional que corresponda para lograr obtener una declaración judicial sobre la franja territorial que disputa con los Estados de Campeche y Yucatán.
Este nuevo episodio en el litigio constitucional que desde el año de 1997 mantiene el Estado de Quintana Roo en defensa de la integridad de su territorio, derivó de la insistente negativa de la mesa directiva del Senado de la República de devolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los expedientes de las controversias constitucionales 9/97 y 13/97 que ésta le había remitido con motivo de la reforma constitucional de diciembre de 2005, que trasladó al órgano legislativo la competencia para resolver los conflictos limítrofes entre entidades federativas, y de la reforma constitucional de octubre de 2012 que devolvió dicha competencia al Máximo Tribunal de la Nación.
El Estado de Quintana Roo continuará agotando los medios constitucionales y legales a su alcance en la defensa de su soberanía territorial, con firmeza, con claridad de objetivos y con la férrea convicción de que le asiste la razón histórica y jurídica en este largo litigio.
A estos esfuerzos se suma la controversia constitucional 52/2011 promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Estado de Quintana Roo en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual, en un claro exceso de su competencia, ha pretendido atribuirse la facultad de fijar los límites territoriales de las entidades federativas, a través de la elaboración de cartografías carentes de todo soporte constitucional y de metodologías técnicamente sesgadas.
El Gobierno del Estado ratifica su firme compromiso con el pueblo quintanarroense de no cejar en la lucha, de no ceder ni un centímetro de su territorio, de no escatimar ninguna faena, hasta lograr una declaración judicial que reconozca que a Quintana Roo le asiste la razón en la defensa de su soberanía estatal.
En su resolución, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes los referidos recursos de reclamación promovidos por el Estado de Quintana Roo, al considerar que la determinación del Tribunal Pleno impugnada es definitiva e inatacable por haber sido pronunciada por el órgano jurisdiccional de carácter terminal dentro del sistema jurídico mexicano y la misma no constituye una sentencia definitiva sobre el problema limítrofe.
No obstante la desestimación de los referidos recursos de reclamación, la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja expedito el derecho del Estado de Quintana Roo de promover el medio de control constitucional que corresponda para lograr obtener una declaración judicial sobre la franja territorial que disputa con los Estados de Campeche y Yucatán.
Este nuevo episodio en el litigio constitucional que desde el año de 1997 mantiene el Estado de Quintana Roo en defensa de la integridad de su territorio, derivó de la insistente negativa de la mesa directiva del Senado de la República de devolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los expedientes de las controversias constitucionales 9/97 y 13/97 que ésta le había remitido con motivo de la reforma constitucional de diciembre de 2005, que trasladó al órgano legislativo la competencia para resolver los conflictos limítrofes entre entidades federativas, y de la reforma constitucional de octubre de 2012 que devolvió dicha competencia al Máximo Tribunal de la Nación.
El Estado de Quintana Roo continuará agotando los medios constitucionales y legales a su alcance en la defensa de su soberanía territorial, con firmeza, con claridad de objetivos y con la férrea convicción de que le asiste la razón histórica y jurídica en este largo litigio.
A estos esfuerzos se suma la controversia constitucional 52/2011 promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Estado de Quintana Roo en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual, en un claro exceso de su competencia, ha pretendido atribuirse la facultad de fijar los límites territoriales de las entidades federativas, a través de la elaboración de cartografías carentes de todo soporte constitucional y de metodologías técnicamente sesgadas.
El Gobierno del Estado ratifica su firme compromiso con el pueblo quintanarroense de no cejar en la lucha, de no ceder ni un centímetro de su territorio, de no escatimar ninguna faena, hasta lograr una declaración judicial que reconozca que a Quintana Roo le asiste la razón en la defensa de su soberanía estatal.