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Cuestionan permisos de construcción en zona de litigio

Javier Flores Flores, presidente de la Asociación de Profesionistas en Tulum, aseguró que para obtener esos permisos se debe demostrar la propiedad del inmueble de manera fehaciente, situación que no se ajusta a los predios de Punta Piedra
TULUM, Quintana Roo.- El ingeniero Javier Flores Flores, presidente de la Asociación de Profesionistas en Tulum, cuestionó que desde la Dirección general de Desarrollo Urbano y Ecología de este municipio se otorguen licencias de construcción y permisos para funcionar como restaurantes u hoteles, a los inmuebles ubicados en la zona de controversia territorial conocida como Punta Piedra.

“El Reglamento de Construcción especifica que se debe comprobar fehacientemente la propiedad para la cual se solicita licencia de construcción o un permiso para operar un negocio. Los únicos documentos que se mencionan para solicitar una licencia, son dos: un título de propiedad o una escritura pública. Entonces, en toda esa zona de Punta Piedra, que está en litigio, no hay uno solo de los que están construyendo hoteles, que puedan comprobar fehacientemente que son los legítimos propietarios”.

“A partir de allí se está relacionando todo esto como un acto de corrupción”, advirtió. “Si reciben o no dinero, a mí no me consta, pero lo que sí me consta es que están dando las licencias de funcionamiento y están faltando al reglamento”, aseguró.

Acusa opacidad en manejo de recursos de obras públicas

El ingeniero dijo que si bien las obras públicas suelen requerir de maquinaria especializada, por ello la ejecución se concede a empresas y no a contratistas de obras de edificación, quienes no suele contar con la capacidad de realizar dicho tipo de proyectos, aseguró que existe opacidad en el manejo de recursos, lo cual puede generar sospechas de actos de corrupción derivados en tráfico de influencias.

“Aunque sean con recursos municipales, deben acatar las disposiciones de la Ley de Obra Pública. No se licitan y se hacen los trabajos de adjudicación a quien llega con las autoridades municipales, quienes conceden el favor de otorgar el contrato de obra. Lo tipificaría como un intercambio de favores, un acto de corrupción, tráfico de influencias”, lamentó.

“Nunca se ha enterado a la ciudadanía de cuáles son los recursos, cuántos son y a quiénes se le da para aplicar determinada obra. Estamos ante puros actos oscuros que se interpretan como corrupción. Y la corrupción no es solo intercambio de dinero sino tráfico de influencias, prepotencia e impunidad. Hago un llamado a la autoridad para que transparente sus acciones, porque es un deber informar a la ciudadanía adónde se van los recursos que se recaudan por medio de impuestos”, subrayó.

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