Se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres personas de sexo masculino, las cuales fueron ubicadas en la zona de invasión denominada "Nazin", en la cabecera municipal de Tulum 
TULUM, Quintana Roo.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer mediante un boletín el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra tres personas de sexo masculino por la probable responsabilidad del delito de despojo en la zona de predios invadidos conocida como “Nazin”, en la cabecera municipal de Tulum.Sin revelarse plenamente los nombres, la Fiscalía informó que los detenidos Lázaro N, Omar N y Eduardo N enfrentan un proceso judicial por el citado delito bajo la carpeta administrativa 235/2017. El boletín añade que los tres imputados fueron trasladados al Centro de Retención de Playa del Carmen, en el vecino municipio de Solidaridad, previa certificación médica, donde está radicado el expediente.
Cabe recordar que, desde el 2 de octubre del 2016, diversos predios en las inmediaciones de la cabecera municipal fueron allanados por miles de personas que reclaman al gobierno un espacio para habitar, sin embargo, algunos de esos predios son propiedad de particulares que entablaron denuncias ante la Fiscalía por despojo para recuperar la posesión de sus inmuebles.
Ante este grave problema que se detonó en el municipio desde entonces, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) anunció el desarrollo un programa emergente de vivienda en el municipio con más de mil lotes con servicios, en una primera etapa. Para la conformidad de los ciudadanos que cumplieron con los requisitos previamente, en abril del año pasado les fue entregado un certificado que, de acuerdo al gobierno estatal, avala a los beneficiarios la adquisición de lotes con una superficie de entre 125 y 130 metros cuadrados, a un costo de 150 mil pesos en pagos diferidos, sin contar el subsidio que el gobierno estatal aportaría. No obstante, a más de 9 meses de haberse realizado este anuncio, la incertidumbre aún persiste en cientos de personas que mantienen ocupados predios de forma ilegal, reclamando el derecho constitucional a la vivienda digna.