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Se muestra reservado Víctor Mas sobre vinculación a proceso de exalcalde

Sobre la detención y vinculación a proceso del exalcalde David Balam, el presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, se mostró reservado al ser cuestionado sobre este tema. TULUM, Quintana Roo.- Sobre la detención y vinculación a proceso del exalcalde David Balam, ocurrida el pasado martes, por un presunto daño patrimonial de 114 millones de pesos en detrimento de las arcas municipales de Tulum, el presidente municipal, Víctor Mas Tah, se mostró reservado al ser cuestionado sobre este tema.

“Lo que puedo manifestar es que al final la autoridad competente está haciendo la labor que le corresponde, sin embargo, creo que quien en su momento haya incurrido en actos indebidos… de alguna forma estamos expuestos todos y tenemos que responder ante la autoridad correspondiente. En este caso, la autoridad así lo ha determinado y el compañero David Balam tendrá que responder lo relacionado a seguramente una carpeta de investigación que se está llevando a cabo”, manifestó.

Mas Tah negó que hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción o algún juez haya solicitado al gobierno municipal alguna información, sin embargo, se mostró abierto a aportar los datos que sean necesarios. “Tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado han manifestado cero tolerancia a la corrupción, y yo creo que de esa manera se tiene que seguir trabajando. Todos los que somos servidores públicos estamos sujetos a que en algún momento la autoridad competente pueda llevar a cabo algún proceso de investigación”, agregó.

Según trascendió, Santos David Balam Chan, quien fuera alcalde de Tulum durante el período 2013-2016, fue detenido el pasado martes 29 de octubre por elementos de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, y un día después vinculado a proceso por un juez de control por el presunto desempeño irregular de la función pública, con un daño patrimonial de 114 millones de pesos. No obstante, el otrora expresidente municipal recibió el beneficio de resguardo domiciliario, incluso permitiendo su “jornada laboral y actividades familiares”. Se dio a conocer que se concedió a la Fiscalía un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.

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